El congreso de Colombia da luz verde a la política de “Paz Total” de Petro

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El Congreso de Colombia aprobó un proyecto de ley que permite al presidente Gustavo Petro negociar el desmantelamiento de los grupos armados ilegales.

El proyecto de ley le da a Petro el apoyo del Congreso a su ambiciosa política de “Paz Total”, que busca reducir la violencia causada por los grupos armados ilegales y el crimen organizado.

Según el ministro del Interior, Alfonso Prado, la legislación aprobada permitiría a Colombia “pasar página” tras décadas de violencia provocada por el conflicto armado y el narcotráfico.

Es el inicio hacia la profundización de la democracia, la solidaridad, la inclusión, pero sobre todo el inicio para pasar definitivamente la página del baño de sangre en el que aún estamos inmersos, el diferido conflicto armado al que estamos sometidos, que nos debe llevar hacia la total paz, donde la vida sea digna y podamos vivir bien, en paz y con dignidad.

Ministro del Interior Alfonso Prado

Como parte de la política de Paz Total, el Comisionado de Paz Danilo Rueda y el grupo guerrillero ELN reanudaron los diálogos de paz que fueron suspendidos por el expresidente Iván Duque en 2018.

Petro y Rueda han invitado además a otros grupos armados ilegales y grupos del crimen organizado a negociar las condiciones que les permitan entregarse a la justicia.

Según el centro de estudios Indepaz, más de 20 grupos han expresado interés en las negociaciones.

Entre estos grupos se encuentran la organización paramilitar AGC, y los grupos más grandes formados por exmiembros disidentes de la ahora desaparecida guerrilla de las FARC.

La violencia provocada por los grupos armados ilegales es una de las mayores amenazas a un proceso de paz pactado con las FARC en 2016.

El presidente se comprometió a implementar el acuerdo de paz con las FARC, que también incluye una reforma rural y el desarrollo económico del campo colombiano, como parte de la política de paz del gobierno.

Petro también prometió cambios dramáticos en la política de drogas del gobierno, alegando que esto permitiría reducir la violencia causada por el tráfico internacional de cocaína.

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